El Tribunal de Justicia de la Unión Europea marcó un precedente al dictaminar que la normativa impulsada por el gobierno de Viktor Orbán contra contenidos LGBTIQ+ vulnera el derecho comunitario y la dignidad humana, así, el fallo no solo cuestiona la legalidad de la ley, sino que subraya su impacto en la vida de quienes quedan señalades por ella. En ese sentido, la corte identifica una estigmatización sistemática de identidades no heterosexuales y no cisgénero, presentadas como un riesgo social sin base objetiva.
La legislación, aprobada en 2021 bajo el argumento de proteger a la infancia, combinaba sanciones más duras contra delitos de pedofilia con restricciones a la representación de diversidades sexuales y de género, sin embargo, el tribunal concluye que esta mezcla refuerza asociaciones dañinas entre orientación sexual e ilegalidad. De hecho, considera que se trata de un entramado de medidas discriminatorias que afectan derechos clave como la igualdad, la vida privada y la libertad de expresión.
Aunque el derecho europeo permite limitar ciertos contenidos para resguardar el desarrollo de menores, por otro lado, exige que esas limitaciones no reproduzcan prejuicios ni excluyan identidades. En cambio, la justicia europea observa que Hungría privilegia una visión única de la sexualidad, lo que contradice los principios de pluralismo que sostienen a la Unión.
El fallo también señala vulneraciones en materia económica y digital, además, detecta incumplimientos en normas sobre servicios audiovisuales, comercio electrónico y protección de datos. Al mismo tiempo, critica la falta de precisión en el acceso a registros sensibles, lo que amplía el riesgo de uso indebido de información personal.
Por primera vez, el tribunal declara la infracción del artículo 2 de los tratados europeos, que consagra valores como la dignidad, la igualdad y los derechos humanos, así, rechaza que la “identidad nacional” pueda justificar políticas que los contradigan. Mientras tanto, el nuevo liderazgo político en Hungría enfrenta la presión de reformar esta normativa en línea con los estándares europeos.
