El Parlamento de Senegal aprobó una reforma legal que endurece las penas contra las relaciones entre personas del mismo sexo, elevando la condena máxima a diez años de prisión. La medida modifica el artículo 319 del Código Penal, que ya castigaba los llamados “actos contra natura” con penas de uno a cinco años. Además, el proyecto fue respaldado de forma abrumadora en la Asamblea Nacional, con 135 votos a favor y tres abstenciones, y ahora espera la firma del presidente Bassirou Diomaye Faye para entrar en vigor.
La nueva normativa también amplía el alcance de las sanciones más allá de los actos sexuales. En ese sentido, establece penas de entre tres y siete años de cárcel para quienes promuevan o financien relaciones entre personas del mismo sexo. Al mismo tiempo, introduce castigos para quienes acusen a otra persona de estas prácticas sin presentar pruebas, con posibles condenas de dos a tres años de prisión y multas económicas.
Durante el debate parlamentario, la diputada Diaraye Ba expresó duras declaraciones contra la comunidad LGBTQ+, afirmando que las personas homosexuales “ya no respirarán en este país” ni tendrán libertad de expresión. Por su parte, el proyecto contempla sanciones más severas cuando el hecho involucre a menores, además de elevar significativamente las multas, que ahora pueden alcanzar hasta 10 millones de francos CFA.
La iniciativa surge en un contexto de creciente presión política y religiosa en el país, de mayoría musulmana. De hecho, organizaciones religiosas y sectores conservadores han impulsado movilizaciones para exigir leyes más estrictas, mientras que líderes como el imán Babacar Sylla reclamaron que la presidencia promulgue la norma con rapidez.
El endurecimiento de la legislación senegalesa se suma a una tendencia regional. Actualmente, al menos 32 de los 54 países africanos penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, y en algunos casos —como Uganda, Mauritania o Somalia— estas pueden incluso castigarse con la pena de muerte. Organizaciones de derechos humanos advierten que normas de este tipo pueden limitar libertades fundamentales y afectar el trabajo de grupos que brindan apoyo sanitario y prevención del VIH.
