A catorce años del fallecimiento de Daniel Zamudio, su nombre continúa marcando un punto de quiebre en la historia reciente de Chile. El joven fue atacado el 2 de marzo de 2012 en el Parque San Borja, en Santiago, por un grupo que lo agredió durante horas. Murió el 27 de marzo, tras casi un mes hospitalizado, a causa de la gravedad de las lesiones.
La brutalidad del crimen remeció a la opinión pública y visibilizó la violencia que enfrentaban las personas LGBTQ+. Las vigilias y marchas multiplicaron la presión sobre el Congreso, que llevaba años discutiendo una normativa contra la discriminación. En julio de ese mismo año se promulgó la Ley 20.609, conocida como Ley Zamudio, que estableció una acción judicial para denunciar actos discriminatorios y reconoció explícitamente la orientación sexual y la identidad de género entre las categorías protegidas.
En 2013, los cuatro responsables fueron condenados por homicidio calificado. Patricio Ahumada recibió presidio perpetuo simple; Alejandro Angulo y Raúl López, 15 años de cárcel; y Fabián Mora, siete años, al considerarse su edad y colaboración. Hoy los agresores enfrentan escenarios distintos: Mora ya cumplió su condena y está en libertad; López solicitó en 2024 cumplir el resto de su pena con libertad condicional, petición que fue rechazada por los jueces; y Angulo recurrió a la Corte Suprema para revisar su sentencia, lo que podría implicar una eventual rebaja antes de 2027, iniciativa resistida por la familia y organizaciones civiles.
El caso no solo derivó en reformas legales, sino que también instaló el debate sobre los crímenes motivados por odio y la responsabilidad del Estado en prevenirlos. Organizaciones como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual acompañaron a la familia y mantuvieron la presión para que el proceso judicial avanzara con perspectiva de derechos humanos.
