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La detención ocurre bajo la Ley contra la Homosexualidad promulgada en 2023, considerada una de las más severas del mundo. Esta norma contempla cadena perpetua por relaciones consentidas y pena de muerte en casos calificados como “agravados”, categoría que amplía castigos incluso cuando existe consentimiento. Además, penaliza el “intento” con años de prisión, lo que expande el margen de persecución.
Organizaciones como Sexual Minorities Uganda advierten que no se trata de un hecho aislado. Su director, Frank Mugisha, denunció un aumento de denuncias, hostigamientos y arrestos basados únicamente en sospechas sobre la identidad o los vínculos afectivos de las personas. Al mismo tiempo, activistas locales describen un clima de miedo que empuja a muchas personas LGBTQ+ a ocultarse, borrar mensajes y modificar rutinas para evitar represalias.
Informes recientes de grupos de derechos humanos documentan centenares de casos desde la entrada en vigor de la ley, incluyendo extorsiones y violencia. Por otra parte, organismos internacionales han cuestionado el impacto de esta legislación en las libertades civiles y en el proceso democrático ugandés, señalando que la criminalización profundiza la vulnerabilidad de una comunidad ya estigmatizada.
