El Congreso despachó recientemente una nueva ley enfocada en la convivencia escolar, el buen trato y el bienestar en las comunidades educativas. Sin embargo, la norma omitió cualquier mención explícita a personas LGBTIQ+ y otros grupos históricamente discriminados, generando una fuerte reacción desde organizaciones y familias que esperaban una legislación más robusta. Marcela Guevara, madre de José Matías —joven que se quitó la vida en 2019 tras sufrir bullying transfóbico— declaró con dolor que “todos han fallado”.
A pesar de ello, esta ley fue impulsada como una alternativa al fallido proyecto “José Matías”, que sí incluía referencias claras a la orientación sexual y a la identidad de género en sus artículos. Ese compromiso, asumido tanto por el Ejecutivo como por el Congreso, se desvaneció en el texto final, debilitando la respuesta institucional a las violencias que sufren estudiantes LGBTIQ+.
Desde el oficialismo, la diputada Daniella Cicardini criticó duramente los retrocesos del proyecto aprobado. Apuntó que se eliminaron aspectos esenciales, como la obligatoriedad de los consejos escolares, clave para prevenir casos como el de José Matías. Además, advirtió que la ley actual diluye responsabilidades, reduce sanciones y debilita los equipos de convivencia, lo que podría fomentar impunidad dentro de los establecimientos.
Por su parte, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó que, si bien la ley hace una vaga referencia al principio de no discriminación, lo hace solo a través de un artículo ya existente en otra legislación que se enfoca exclusivamente en niñas, niños y adolescentes. Esto deja fuera a personas adultas dentro del sistema educativo que también pueden ser víctimas de homo y transfobia.
Aun así, la norma presenta avances: promueve la creación de planes internos de gestión de convivencia en cada colegio, define el acoso escolar como una conducta grave y propone sanciones en casos de violencia ejercida por personas en posiciones de poder. No obstante, la aplicación de muchas medidas queda sujeta a la voluntad de cada establecimiento, especialmente en colegios que no reciben fondos públicos, lo que genera vacíos que preocupan a las comunidades más vulnerables.
