La llegada de Judith Marín al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha encendido las alarmas entre organizaciones feministas, legisladoras y activistas por los derechos humanos. Desde el primer momento, su designación fue vista como una provocación: una figura que, no solo milita en la derecha evangélica más conservadora, sino que ha expresado abiertamente su deseo de eliminar la misma cartera que hoy dirigirá.
Por otro lado, su oposición frontal al aborto ha sido contundente. En 2017, fue desalojada del Senado por interrumpir la votación de la Ley de Aborto en tres causales. En sus propias palabras, defiende la vida “desde la concepción hasta la muerte natural” y se opone al aborto “en todas sus manifestaciones”. Esta postura no es solo personal: representa el ideario del Partido Social Cristiano, sector que históricamente ha negado derechos sexuales y reproductivos.
A esto se suma un preocupante antecedente: una denuncia recogida por la Revista Bravas la vincula con un exorcismo realizado a una joven que no respetó el celibato. El testimonio detalla preguntas invasivas sobre su orientación sexual, dejando entrever prácticas profundamente lesivas hacia la diversidad.
Frente a este panorama, el temor es legítimo: no se trata solo de la fe personal de Marín, sino del uso de esa fe para dictar políticas públicas. Varias diputadas han advertido que este nombramiento puede marcar un retroceso histórico en derechos conquistados.
