Con una amplia mayoría en ambas cámaras, el Congreso Nacional aprobó la ley que establece el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, incorporando de manera explícita a la orientación sexual y la identidad de género como factores relevantes para la política pública. De esta forma, el cuidado deja de ser una responsabilidad individual e invisible para transformarse en un derecho garantizado por el Estado.
La nueva legislación reconoce como principios centrales la igualdad, la no discriminación y la interseccionalidad, abordando las distintas dimensiones que afectan tanto a personas cuidadoras como a quienes requieren cuidados. En consecuencia, se consideran variables como la discapacidad, el origen étnico, la situación socioeconómica y la salud, integrando por primera vez en una norma legal el reconocimiento del autocuidado como un derecho.
Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), su vocera Javiera Zúñiga destacó la relevancia de esta ley para las diversidades sexuales y de género, quienes enfrentan altos niveles de vulnerabilidad y participación en labores de cuidado. En ese sentido, la norma evita omisiones históricas y obliga a incorporar estos factores en todas las decisiones y acciones del sistema.
La ley surge en un contexto donde, según una encuesta nacional del Movilh, el 16,6% de las personas LGBTIQ+ cuida a otras personas, muchas veces en condiciones económicas precarias. Por ello, el sistema busca articular servicios y programas que antes operaban de manera fragmentada, reduciendo la burocracia y asegurando acceso equitativo a apoyos concretos.
Además, la ley reconoce el trabajo no remunerado de las personas cuidadoras, garantizándoles derechos como acceso a formación, atención en salud mental, servicios que alivien su carga y, crucialmente, la posibilidad de rechazar tareas en situaciones críticas. Con esto, el Estado asume un rol activo frente a una labor históricamente desvalorizada.
Durante su tramitación, el proyecto fue respaldado por el Ejecutivo como uno de los pilares de su agenda social. Sin embargo, sectores de derecha expresaron reparos, particularmente por la redacción sobre cuidados a menores sin autorización parental, aunque no lograron frenar la aprobación unánime en el Senado.
