Islandia se suma al creciente bloque de países que han decidido no participar en Eurovisión 2026, señalando directamente la inclusión de Israel como detonante. La emisora pública RÚV hizo oficial su retiro este miércoles, tras semanas de tensiones internas y presión social. Con esta decisión, se convierte en el quinto país en abandonar el certamen, uniéndose a España, Irlanda, Eslovenia y los Países Bajos, todos críticos con la postura de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) frente al conflicto en Gaza.
Según el comunicado emitido por RÚV, la permanencia de la televisión pública israelí KAN ha fracturado la imagen de unidad del festival y generado un rechazo mayoritario tanto entre figuras del ámbito cultural como en la ciudadanía islandesa. La cadena asegura que “no habrá alegría ni tranquilidad” si se mantiene su participación, y acusa a la UER de ignorar el daño reputacional ya causado.
Detrás de esta decisión, hubo semanas de deliberación y voces influyentes empujando al boicot. Desde el ministro de Medios hasta artistas como Björk, muchas figuras públicas pidieron públicamente que Islandia se retirara. El voto interno en la Junta Directiva de RÚV ya había anticipado esta salida, con una estrecha mayoría a favor de la expulsión de Israel.
En paralelo, la tensión se ha trasladado a otros países. En Portugal y Bélgica, campañas ciudadanas presionan para que sus respectivas cadenas públicas reconsideren su presencia en Viena. En el caso portugués, 12 de los 16 artistas del Festival da Canção han afirmado que no acudirán a Eurovisión si resultan ganadores, lo que amenaza con vaciar su propia preselección nacional.
Mientras tanto, países como Polonia se desmarcan del boicot y confirman su participación, defendiendo la idea de un festival aún capaz de celebrar la música más allá de las tensiones geopolíticas. Frente a este panorama dividido, la UER sostiene que no incrementará las cuotas para los países que se quedan y defiende su sistema de votación revisado como garantía de transparencia.
Sin embargo, la salida de Islandia —un país con gran tradición eurovisiva y alto seguimiento popular— representa un duro golpe simbólico para la organización. Con el aniversario número 70 del certamen a la vista, la presión para redefinir los límites entre política y espectáculo no ha hecho más que intensificarse.
