La muerte de Sol Millankura Hernández, comunicadora y activista no binaria, abrió una herida profunda en el ámbito laboral del sector público chileno. Sol trabajaba como periodista en la Seremi de Salud de Valparaíso, donde enfrentó múltiples actos de exclusión y hostigamiento, según testimonios y documentos que hoy sustentan una investigación oficial por discriminación. Desde entonces, la presión social por una respuesta institucional ha ido en aumento.
Sol había logrado que su nombre legal coincidiera con su identidad de género en noviembre de 2024, un paso vital que fue celebrado por su entorno cercano. Sin embargo, su afirmación de identidad no encontró el mismo respaldo dentro de la institución donde trabajaba. Amigos y excompañeres relatan que fue marginada de actividades oficiales y que su presencia causaba molestia a su jefatura, liderada por la seremi Lorena Cofré. Además, se denunció que su forma de vestir y expresarse fueron motivo de reprimendas y exclusiones reiteradas.
A pesar de solicitar formalmente la actualización de su nombre en los registros institucionales, Sol recibió una respuesta tardía y condicionada, lo que fue interpretado como una falta de voluntad por parte de la autoridad para reconocer su identidad. De hecho, según declaraciones de testigos, incluso se le pidió en más de una ocasión que volviera a casa a cambiarse de ropa, aunque cumpliera con los códigos habituales del entorno laboral.
En marzo de 2025 fue desvinculada de la Seremi, decisión que motivó una querella por despido arbitrario y discriminación. En ese contexto, Sol expresó su decepción con el gobierno, aludiendo a la contradicción de un “gobierno feminista” que expulsaba a la única persona no binaria de la institución. A esto se sumó la sospechosa coincidencia entre la revelación de su diagnóstico VIH positivo y la asignación inmediata de una tarea vinculada al tema, lo que su defensa consideró estigmatizante.
Sus intentos por lograr justicia a través de canales legales y políticos no encontraron eco. La postergación del juicio y la falta de respuestas concretas habrían profundizado su desesperanza. Finalmente, su suicidio reavivó el debate sobre las responsabilidades institucionales en contextos de discriminación sistemática.
El caso ha llevado al Ministerio de Salud a iniciar un sumario administrativo y ha encendido las alertas en organizaciones como el MOVILH, que advierten un alarmante aumento de casos de transfobia en el país. Mientras tanto, la familia de Sol exige la salida inmediata de la seremi Cofré y que se reconozca el impacto real que tuvo la violencia institucional en la vida de su hije.
