La provincia de Mendoza aprobó una ley que incorpora la figura de responsabilidad parental por acoso escolar en el Código Contravencional. Esta normativa permite sancionar a madres, padres o responsables legales de niñas, niños y adolescentes que incurran en conductas de bullying, con multas o tareas comunitarias. Además, propone un enfoque progresivo de intervención que inicia en el ámbito escolar y puede derivar en instancias judiciales si no hay colaboración adulta.
La ley establece que, ante situaciones reiteradas de acoso, las autoridades escolares deben activar los protocolos vigentes y convocar a las familias. Si estas no responden o incumplen con los compromisos asumidos, el caso se deriva al Juzgado Contravencional, donde se evaluará la aplicación de sanciones. En consecuencia, el marco legal busca formalizar la intervención estatal ante la falta de respuesta por parte de los adultos responsables.
Los artículos incorporados al Código –100 bis, 100 ter y 100 quater– detallan las sanciones: multas de entre 1.500 y 3.000 Unidades Fijas (UF), o tareas comunitarias de hasta 30 días. Vale aclarar que, desde 2026, el valor de cada UF será de $500, lo que significa que las sanciones económicas podrían alcanzar los $1.500.000. Estas medidas estarán sujetas a la gravedad del caso y al grado de desatención por parte de los responsables.
El dinero recaudado por estas sanciones se destinará al Fondo Provincial previsto por la Ley N.º 9545, orientado a programas de prevención y asistencia a víctimas de bullying, así como a Bibliotecas Populares. Por lo tanto, la ley no se centra únicamente en lo punitivo, sino que también busca fortalecer espacios de apoyo y contención dentro de la comunidad educativa.
Entre los principios que guían esta ley se destacan la corresponsabilidad familiar, el enfoque preventivo y la protección de las víctimas. En ese sentido, se enfatiza que la intervención del Estado no persigue solo sancionar, sino también generar conciencia en los adultos y promover entornos escolares más seguros.
