La administración de Donald Trump ha girado una instrucción clara a su cuerpo diplomático: registrar con precisión qué gobiernos impulsan leyes o programas relacionados con el aborto, la eutanasia, la equidad racial o las políticas de género. En este contexto, las embajadas estadounidenses deberán incorporar estos datos en los informes anuales sobre derechos humanos, usualmente utilizados como referencia global.
Según lo expresado por el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, se busca documentar lo que califican como “ideologías destructivas” que, en su visión, han facilitado la vulneración de derechos fundamentales. Dentro de esta categoría, el gobierno republicano incluye desde los tratamientos médicos en infancias trans hasta las políticas de acción afirmativa en espacios laborales.
Por lo tanto, las nuevas directrices instruyen a detallar prácticas estatales como la financiación de interrupciones voluntarias del embarazo o el suministro de medicamentos abortivos, además de contabilizar estos procedimientos cuando sea posible. También se deberá reportar cualquier medida que, según el Departamento, implique una “coacción” hacia personas en contextos de eutanasia o de transición de género durante la niñez.
A su vez, se ha solicitado observar el impulso de programas de diversidad, equidad e inclusión —particularmente aquellos que establezcan medidas para corregir desigualdades históricas según sexo, raza o clase—, describiéndolos como formas de “discriminación positiva”.
De igual forma, se incluirán datos sobre leyes que puedan restringir la libertad de expresión, violaciones a la libertad religiosa (con énfasis en el antisemitismo), así como políticas migratorias que, desde su perspectiva, faciliten el tránsito irregular hacia otros países.
Este cambio de foco en los informes forma parte de la cruzada de Trump contra el llamado “wokismo”, una etiqueta ambigua que su equipo emplea para referirse a ideas progresistas. En línea con esta estrategia, el informe más reciente del Departamento de Estado omitió por completo los apartados que tradicionalmente abordaban la situación de las personas LGBT+ o la corrupción gubernamental.
