La repentina promulgación de la ley que obliga a desclasificar los archivos del caso Jeffrey Epstein marcó un giro inesperado en la postura de Donald Trump. En la Cámara de Representantes, el proyecto fue aprobado con 427 votos a favor y solo 1 en contra, lo que refleja un consenso bipartidista inusual en el clima político actual. Luego, en el Senado, la medida fue adoptada por unanimidad y sin debate, mediante un procedimiento especial que permitió su rápida aprobación.
Este apoyo masivo dejó a Trump con poco margen de maniobra, ya que cualquier intento de veto habría sido fácilmente anulado por el Congreso. Así, después de meses de resistencia, el presidente firmó la medida, forzado por una ola de presión política que incluyó a sus propios aliados.
Mientras tanto, las víctimas de Epstein, acostumbradas a ver cómo la justicia se les escapaba, celebraron con cautela. Sabían que la firma presidencial no era el final, sino apenas un peldaño más hacia la verdad. La legislación establece un plazo de 30 días para la publicación de documentos no clasificados, incluyendo transcripciones, vuelos y comunicaciones, aunque permite excepciones en casos de seguridad o privacidad.
No obstante, persisten dudas sobre el cumplimiento de esta norma. Figuras clave del movimiento MAGA, como Marjorie Taylor Greene, acusaron a Trump de sabotear el proceso e incluso enfrentaron su furia pública por exigir mayor transparencia. Esta fractura dentro del partido republicano mostró un inusual pulso de rebeldía en una base históricamente leal al presidente.
Por otro lado, la batalla política apenas comienza. Legisladores, tanto demócratas como republicanos, temen que el Departamento de Justicia utilice tácticas dilatorias o edite los documentos al punto de hacerlos inútiles. La fiscal general Pam Bondi, presionada por Trump para abrir investigaciones contra demócratas vinculados a Epstein, no ofreció garantías claras sobre la aplicación de la ley.
Al mismo tiempo, ya se han visto efectos colaterales: el exsecretario del Tesoro Larry Summers renunció a sus cargos académicos y corporativos tras revelarse su correspondencia con Epstein. Así, crece la expectativa sobre cuántas figuras prominentes podrían verse implicadas cuando los documentos finalmente salgan a la luz.
Por último, Trump intenta minimizar el impacto, asegurando que su gobierno ha hecho más por las víctimas que cualquier administración previa. Sin embargo, su gestión del caso ha sido duramente criticada, incluso por aliados conservadores, quienes temen que su afán de controlar el relato acabe debilitando su liderazgo.
