El 7 de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos debatirá en privado si acepta revisar el caso de Kim Davis, exfuncionaria de Kentucky que se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo tras el fallo Obergefell v. Hodges en 2015. Esta audiencia preliminar no implica aún que el caso será tratado formalmente, pero podría abrir la puerta a una reconsideración del precedente que garantizó el derecho al matrimonio igualitario en todo el país. De hecho, si al menos cuatro jueces votan a favor de examinar el caso, la Corte podría programar audiencias para 2026.
Kim Davis, quien en su momento invocó “la autoridad de Dios” para justificar su negativa, enfrenta ahora una condena por daños emocionales y costas legales que suman más de $350,000. Su defensa sostiene que sus acciones están protegidas por la Primera Enmienda, alegando que actuó como ciudadana y no como funcionaria del Estado. Sin embargo, tribunales inferiores ya rechazaron esa postura, afirmando que la libertad religiosa no la exime de cumplir con deberes públicos.
El trasfondo de este litigio es más amplio: sectores conservadores ven en este caso una oportunidad para revisar Obergefell. El abogado de Davis argumenta que el fallo “no tiene base constitucional” y que ha tenido “efectos desastrosos” sobre la libertad religiosa. Aun así, analistas legales estiman poco probable que la Corte lo utilice para invalidar el matrimonio igualitario, y predicen que, en todo caso, podría fallar sobre cuestiones técnicas como la inmunidad de funcionarios públicos.
Desde que la Corte revocó Roe v. Wade, aumentaron los temores de que otros derechos adquiridos pudieran peligrar. Por eso, en 2022 se aprobó la Respect for Marriage Act, una ley que obliga a todos los estados a reconocer matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados legalmente en otras jurisdicciones, aun si Obergefell fuera revertido.
Mientras tanto, el apoyo público al matrimonio igualitario se mantiene mayoritario, aunque con señales de retroceso entre votantes republicanos. En este contexto, las palabras de juezas como Amy Coney Barrett, que ha defendido la solidez jurídica de este derecho, contrastan con la insistencia de figuras como Clarence Thomas en revisar el precedente.
