El Gobierno salvadoreño, liderado por Nayib Bukele, ha prohibido el uso del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos del país. Con esta medida, expresiones como “amigue”, “compañere” o “jóvenxs” han sido vetadas de materiales didácticos, comunicaciones oficiales y cualquier otro contenido vinculado al Ministerio de Educación. Según las autoridades, la orden busca “consolidar una comunicación institucional clara y respetuosa”, aunque en realidad se enmarca en una ofensiva más amplia contra la perspectiva de género.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, oficial del Ejército y designada en agosto pasado, ha sido la encargada de formalizar esta directriz. Desde su llegada, ha impulsado una agenda disciplinaria en las escuelas: cortes de cabello obligatorios, uniformes impecables y buenos modales son parte del nuevo código de conducta estudiantil. La funcionaria sostiene que estas políticas evitarán “influencias ideológicas globalistas” que —a su juicio— comprometen el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
La ofensiva contra el enfoque de género no es nueva. En febrero de 2024, el Gobierno ya había eliminado todo contenido relacionado de los programas escolares. Más recientemente, Bukele reafirmó su postura durante un foro conservador en Estados Unidos, donde defendió la idea de que los padres deben controlar lo que sus hijxs aprenden. En redes sociales, el presidente repitió su rechazo al lenguaje inclusivo, una postura celebrada por sectores conservadores, pero criticada por colectivos feministas y LGBTIQ+.
La medida se impone en un contexto alarmante: El Salvador registra una de las tasas más altas de muertes violentas de mujeres en América Latina. De acuerdo con ONU Mujeres, en 2020, 3,21 mujeres por cada 100.000 fueron asesinadas, y seis de cada diez salvadoreñas han sufrido violencia sexual. En paralelo, feminicidios como el de Natalia, una joven asesinada en septiembre cerca de San Salvador, exponen las múltiples violencias que enfrentan las mujeres en el país, en contraste con un Estado que decide silenciar formas de expresión que buscan justamente incluirlas.
