El ambicioso compromiso de erradicar el VIH en Estados Unidos para 2030, anunciado por Donald Trump en su discurso del Estado de la Unión en 2019, parece tambalearse frente a los recortes presupuestarios propuestos por su propia administración y por legisladores republicanos. Mientras tanto, el programa “Ending the HIV Epidemic” —que había demostrado avances palpables en los últimos años— enfrenta ahora un posible desfinanciamiento masivo.
La propuesta presupuestaria de la Casa Blanca para 2026 incluye la eliminación total de la división de prevención del VIH de los CDC, una acción respaldada por el proyecto de ley de la Cámara de Representantes que busca cortar al menos 1.700 millones de dólares en programas de prevención y tratamiento del virus. En contraste, el Senado propone mantener el financiamiento actual, aunque aún no hay consenso y cualquier ley requerirá el respaldo demócrata en esa cámara.
Senadores como Tammy Baldwin han denunciado que estas decisiones no solo ponen vidas en riesgo, sino que también contradicen años de apoyo bipartidista a iniciativas de salud pública. Aun así, desde los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el director Jay Bhattacharya insiste en que la meta de eliminar el VIH sigue vigente, destacando nuevas herramientas como Yeztugo, un medicamento preventivo de aplicación prolongada que mostró casi total eficacia en ensayos clínicos.
Sin embargo, esa narrativa optimista se enfrenta a una dura realidad: despidos en los CDC, cancelaciones de subvenciones para investigación, y el cierre de vías de diálogo con activistas y especialistas en políticas de salud. Para organizaciones comunitarias y clínicas que dependen casi por completo de estos fondos —especialmente en regiones del sur de EE.UU.— el panorama es alarmante.
Estudios recientes proyectan que la eliminación de estos programas podría causar más de 213.000 nuevas infecciones de VIH entre 2025 y 2030, además de costos médicos adicionales de más de 52 mil millones de dólares, que en su mayoría recaerían sobre Medicaid. Asimismo, se estima que los recortes al Programa Ryan White —clave para la atención de personas de bajos recursos con VIH— podrían aumentar las infecciones en un 12% adicional para 2030.
