Una reciente decisión judicial en Kenia ha marcado un antes y un después en el reconocimiento de los derechos de las personas trans en el país. La protagonista es Shieys Chepkosgei, una mujer trans que fue detenida en 2019 bajo la acusación de “suplantación de identidad” mientras visitaba un hospital público en Eldoret. Desde entonces, su caso se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia institucional que enfrenta la comunidad trans en el país.
Tras su arresto, Chepkosgei fue enviada a una prisión de mujeres, donde fue sometida a un registro corporal forzado y a exámenes médicos invasivos ordenados por un tribunal para “determinar su género”. Estos procedimientos incluyeron desde análisis hormonales hasta pruebas radiológicas, sin su consentimiento. Además, sus registros médicos fueron filtrados a la prensa, exponiéndola públicamente y agravando la violación a su privacidad.
Con el respaldo de la organización Transgender Education and Advocacy (TEA), Chepkosgei llevó el caso ante la justicia, argumentando que su tratamiento vulneró derechos fundamentales garantizados por la Constitución keniana, como la dignidad, la intimidad y la libertad frente a tratos crueles e inhumanos. El tribunal coincidió, fallando a su favor y reconociendo que tanto el sistema penitenciario como el hospital actuaron de forma inconstitucional.
El juez Reuben Nyakundi no solo otorgó una compensación económica de un millón de chelines kenianos, sino que también ordenó al gobierno impulsar legislación específica para proteger a las personas trans. Con esta medida, Kenia se convierte en el primer país africano donde una corte obliga al Estado a legislar expresamente en favor de los derechos trans, una acción sin precedentes en el continente.
Lolyne Ongeri, vocera de Jinsiangu, organización defensora de personas trans, intersex y no binarias, calificó la resolución como histórica. Si se implementa, permitirá reconocer legalmente la identidad de género, prohibir la discriminación en espacios clave como el trabajo, la salud o la educación, y garantizar el acceso a servicios públicos sin prejuicios.
