Puerto Rico ha aprobado una ley que prohíbe el acceso a tratamientos de afirmación de género para personas menores de 21 años, lo que incluye bloqueadores hormonales, terapias hormonales y cirugías. Con ello, se convierte en una de las jurisdicciones más restrictivas de Estados Unidos en esta materia.
La legislación impone sanciones severas: hasta 15 años de cárcel, multas de 50.000 dólares y la revocación de licencias para profesionales de la salud que presten estos servicios. Además, se veta el uso de fondos públicos para financiar cualquier tipo de atención médica que apoye la identidad de género de personas trans menores de esa edad.
El argumento oficial sostiene que jóvenes menores de 21 años carecen de la madurez emocional y cognitiva necesaria para tomar decisiones irreversibles. Sin embargo, esta visión ha sido duramente criticada por organizaciones LGBTIQ+ y asociaciones médicas, que advierten sobre las consecuencias negativas de la medida.
Desde la Federación LGBTIQ+ de Puerto Rico, su director Justin Jesús Santiago calificó la ley como “cruel e inhumana” y anunció acciones legales. Por otro lado, colectivos profesionales —que incluyen a médicos, psicólogos, trabajadores sociales y juristas— pidieron sin éxito al gobernador que vetara el proyecto antes de su firma.
Los tratamientos de afirmación de género están respaldados por diversas organizaciones médicas a nivel internacional. Entre sus beneficios, se destaca la reducción de la disforia de género, una condición vinculada a altos niveles de depresión y suicidio en jóvenes trans.
Aunque las cirugías son excepcionales en menores, los tratamientos hormonales y el acompañamiento psicológico son parte de un protocolo médico que busca garantizar el bienestar integral. Pese a ello, sectores conservadores insisten en que estos procedimientos son peligrosos y que algunos adolescentes podrían arrepentirse.
Este nuevo escenario legal se da en un contexto nacional dividido: 27 estados han impulsado medidas similares, mientras que otras regiones han optado por proteger el acceso a esta atención médica, creando una brecha profunda en los derechos y el cuidado de salud de las personas trans en Estados Unidos.
