El gobierno de Hong Kong presentará un proyecto de ley que permitirá registrar uniones entre personas del mismo sexo, en respuesta a un fallo judicial que obliga al Estado a reconocer ciertos derechos para estas parejas. Aunque esta medida representa un avance inédito en el marco legal del país, las autoridades han sido explícitas al subrayar que estas uniones no serán equiparadas con el matrimonio heterosexual.
Mientras tanto, la propuesta solo contempla algunos derechos básicos, como decisiones médicas compartidas, visitas hospitalarias o arreglos tras la muerte de la pareja. No se incluyen beneficios relacionados con vivienda ni reconocimiento legal pleno, y solo podrían registrarse aquellas parejas en las que al menos una persona sea residente de Hong Kong y cuya unión esté legalizada en el extranjero. En consecuencia, organizaciones como Hong Kong Marriage Equality critican la iniciativa por limitar su alcance y perpetuar una desigualdad estructural.
A pesar de esto, figuras como Ino Wong y Geoffrey Yu —una pareja gay que se casó en Guam en 2019— podrían beneficiarse del nuevo sistema. Su matrimonio en el extranjero los coloca dentro del grupo reducido que sí podrá registrarse, aunque Yu advierte que esto solo confirma que “no es realmente algo para todos”, sino para quienes tienen los medios para acceder a esos derechos fuera del país.
Por otro lado, la oposición desde sectores conservadores ha sido contundente. Legisladores pro-Beijing han calificado el proyecto como una amenaza a los “valores tradicionales” y han presionado para frenar o diluir su alcance. En ese sentido, algunas voces incluso han solicitado que se postergue el plazo judicial impuesto, argumentando la necesidad de evitar divisiones sociales.
Simultáneamente, la comunidad trans sigue enfrentando barreras para el reconocimiento legal. Si bien se eliminaron requisitos quirúrgicos totales para cambiar el marcador de género en documentos, aún se exige que los hombres trans pasen por una mastectomía y las mujeres trans, por cirugía genital. Como resultado, organizaciones trans denuncian que la nueva política sigue violando derechos fundamentales como la privacidad y la autonomía corporal.
