Después de más de una década de debates legislativos y modificaciones sustantivas, el Congreso Nacional finalmente dio luz verde a una reforma estructural del sistema de adopciones en Chile. Con 119 votos a favor y solo cinco abstenciones, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, dejando atrás una normativa obsoleta y dando paso a un nuevo marco legal que prioriza de forma explícita los derechos de niños, niñas y adolescentes. Con ello, se abre una nueva etapa donde el foco está puesto en garantizar una vida familiar digna, sin discriminación y con pleno respeto a la identidad de cada menor.
Una de las transformaciones más notables es la reducción de los plazos del proceso de adopción. Hoy, las familias interesadas pueden enfrentar esperas de hasta ocho años; con la nueva ley, ese tiempo se limitará a un máximo de dos. Además, se establece un único procedimiento judicial más expedito y con mayores garantías, lo que busca acelerar la revinculación familiar sin perder rigurosidad en la evaluación de idoneidad parental.
Otro de los avances es el reconocimiento legal de todo tipo de familias como potenciales adoptantes, eliminando así barreras históricas para parejas del mismo sexo y otras configuraciones familiares. De esta forma, se pone fin a la preferencia legal por matrimonios heterosexuales, norma que había sido ampliamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por su carácter abiertamente discriminatorio.
La nueva legislación también fortalece la posición de los propios niños y niñas durante el proceso, asegurándoles el derecho a ser escuchados, a conocer sus orígenes y a contar con representación jurídica gratuita e independiente. En paralelo, se reconoce su derecho a mantener vínculos con su historia personal, incluyendo el acceso a información sobre progenitores y hermanos biológicos, lo cual responde a una demanda histórica de personas adoptadas.
Dentro de las novedades, destaca la posibilidad de que familias de acogida puedan adoptar en casos excepcionales, siempre que el o la menor haya vivido con ellas durante al menos 18 meses continuos. Asimismo, se prohíbe declarar a un niño adoptable por razones de pobreza o por prejuicios arbitrarios hacia su entorno familiar, un cambio crucial para erradicar prácticas clasistas del sistema anterior.
La iniciativa contempla también una figura de cesión voluntaria de adoptabilidad, permitiendo que madres y padres biológicos puedan iniciar este proceso desde antes del nacimiento hasta 18 meses después, con la garantía de poder retractarse en cualquier momento. Finalmente, esta reforma no solo actualiza el sistema legal a los estándares internacionales, sino que también responde a una exigencia ética: construir un Chile más justo e inclusivo para su infancia.
