Con 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un informe que cuestiona y recomienda suspender el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), dirigido a niños, niñas y adolescentes trans. En consecuencia, se busca limitar el acceso a tratamientos de afirmación de género, pese a que el Estado chileno no entrega hormonoterapia ni cirugías a menores, como han enfatizado autoridades y organizaciones.
A la vez, el documento propone reformular por completo los lineamientos para el acompañamiento a infancias trans: restringirlo solo a apoyo psicológico, eliminar el enfoque de género afirmativo en salud pública, y prohibir cualquier intervención hormonal antes de los 18 años, sin excepciones. También plantea que se derogue la Circular N.º 812, que permite el uso del nombre social en contextos escolares. Por tanto, el informe sugiere redefinir la Ley de Identidad de Género para que la decisión recaiga exclusivamente en adultos, desplazando la autonomía progresiva de los NNA.
Organizaciones como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y Organizando Trans Diversidades (OTD) denunciaron que este informe es un retroceso en derechos humanos. Según señalaron, se trata de una respuesta ideologizada que ignora evidencia médica y vivencias reales, y que atenta contra las herramientas de contención emocional y psicosocial que familias y jóvenes han construido con dificultad.
Desde sectores conservadores, en cambio, se argumenta que el informe protege a menores de tratamientos “irreversibles” y de una supuesta “ideología de género”. Parlamentarios como Stephan Schubert y Camila Flores acusaron al gobierno de “experimentar” con infancias y criticaron la supuesta falta de respaldo científico del programa. Sin embargo, desde las bancadas progresistas se denunció que estas afirmaciones se basan en falsedades, ya que el PAIG no incluye tratamientos médicos ni hormonales, y que el 99% de las familias participan de manera voluntaria y activa.
Finalmente, aunque el informe carece de fuerza legal inmediata, su aprobación abre la puerta a una ofensiva legislativa que, según diversas organizaciones, podría consolidar un clima de exclusión institucionalizada hacia las niñeces trans y no binarias.
