Un nuevo proyecto de ley en Texas busca criminalizar a las personas trans por identificarse con un género diferente al que les fue asignado al nacer. En este sentido, la propuesta, presentada por el representante republicano Tom Oliverson, introduce el concepto de «fraude de identidad de género», castigando con hasta dos años de cárcel y una multa de $10,000 a quienes proporcionen información que no coincida con su sexo asignado al nacer en documentos oficiales o ante su empleador.
Aunque la iniciativa carece de apoyo legislativo y no cuenta con co-patrocinadores, su sola existencia genera preocupación dentro de la comunidad LGBTQ+. De hecho, Callie Butcher, fundadora del bufete Butcher Legal Group en Dallas, advirtió que este tipo de propuestas buscan reforzar un discurso que cuestiona la autenticidad de las identidades trans y no binarias. «Es un intento más de controlar cómo las personas pueden identificarse en documentos o espacios públicos», señaló Butcher.
Este panorama no es aislado. Texas se ha convertido en un referente para iniciativas legislativas que restringen los derechos de las personas trans. Por ejemplo, en 2017 intentó aprobar un proyecto de ley que prohibía el uso de baños según la identidad de género. Más recientemente, en 2022, el estado abrió investigaciones por abuso infantil contra familias que permitieron a sus hijos acceder a tratamientos de afirmación de género.
Ahora, el proyecto de Oliverson no es el único que busca limitar los derechos de la comunidad trans en Texas. El representante estatal Brent Money presentó otra propuesta que extiende la prohibición de tratamientos médicos de afirmación de género a todas las edades. Hasta el momento, las restricciones aplicaban únicamente a menores, pero esta nueva medida impediría que cualquier persona reciba tratamientos como terapia hormonal o cirugías de reasignación. Además, se prevé sancionar a las instituciones médicas que ofrezcan estos procedimientos.
Mientras tanto, expertos y defensores de derechos humanos advierten sobre el impacto de estas leyes en la vida de las personas trans. A pesar de la retórica de los legisladores que promueven estas restricciones, la mayoría de las asociaciones médicas en EE.UU. respaldan el acceso a la atención de afirmación de género. Según un estudio reciente del National Center for Transgender Equality, el 94% de las personas trans que accedieron a estos tratamientos reportaron una mejora en su calidad de vida.
En este contexto, la cantidad de iniciativas dirigidas contra la comunidad LGBTQ+ sigue en aumento. En lo que va del año, Texas ha presentado cerca de 170 proyectos de ley con este enfoque, incluyendo una nueva versión de la llamada «ley del baño». Este tipo de medidas, aunque no siempre logran convertirse en ley, reflejan una creciente ofensiva legislativa que busca restringir los derechos de las personas trans en el estado y más allá.
