El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra el servicio militar trans, estableciendo condiciones casi imposibles para su permanencia en las fuerzas armadas. En este sentido, un nuevo memorando del Pentágono, presentado en el marco del caso Talbott vs. Trump, establece que las personas trans solo podrán continuar en servicio si renuncian a su identidad de género.
El documento, titulado Clarifying Guidance on Prioritising Military Excellence and Readiness: Retention and Accession Waivers, fue presentado ante la justicia como parte del litigio impulsado por GLAD Law y el National Center for Lesbian Rights. Dicho memorando responde a la orden ejecutiva firmada en enero por el presidente Trump, que califica la presencia de militares trans como una amenaza para la preparación militar. Además, el documento establece que la identidad de género no puede ser reconocida en el ámbito castrense.
La orden ejecutiva restablece la prohibición del servicio militar trans implementada durante el primer mandato de Trump, que había sido revertida por Joe Biden. Asimismo, esta medida se inscribe dentro de una ofensiva más amplia contra las políticas de igualdad en el gobierno y las fuerzas armadas. Frente a esto, la demanda presentada en su contra argumenta que la prohibición es inconstitucional y contraria a los principios de igualdad de oportunidades.
El memorando del Pentágono justifica la exclusión de las personas trans señalando que los tratamientos médicos relacionados con la disforia de género, como la terapia hormonal o las cirugías de afirmación de género, serían incompatibles con la vida militar. Sin embargo, admite la posibilidad de exenciones para quienes ocupen roles estratégicos esenciales para la defensa nacional. El problema radica en que, para obtener una de estas exenciones, la persona debe haber vivido al menos 36 meses en su sexo asignado al nacer, nunca haber iniciado una transición y comprometerse a cumplir con los estándares asociados a su sexo asignado.
La implementación de esta política implica un seguimiento estricto de las personas trans en servicio. Para ello, el Pentágono ha ordenado a las diferentes ramas del ejército que identifiquen a estos militares en un plazo de 30 días y, posteriormente, inicien su proceso de separación. A su vez, las autoridades castrenses deberán reportar el cumplimiento de estas disposiciones cada 30 días a partir del 26 de marzo.
Varias organizaciones han condenado la nueva directriz, subrayando el impacto negativo sobre los militares trans que han servido con honor y competencia. En particular, SPARTA Pride, que representa a personal trans en servicio, denunció que la medida ignora las contribuciones de estos efectivos en áreas clave como inteligencia militar, ingeniería nuclear y aviación. Mientras tanto, la batalla legal continúa y la administración deberá enfrentar una audiencia crucial el 12 de marzo, en la que la jueza Ana Reyes evaluará la posibilidad de bloquear la implementación de la norma.
