Veintiún manifestantes, entre ellos activistas por el VIH/SIDA y ex trabajadores federales despedidos, fueron arrestados el miércoles en Washington D.C. tras una protesta en el Cannon House Office Building. La movilización surgió en respuesta a los recortes presupuestarios que han dejado en crisis la asistencia internacional para la prevención y tratamiento del VIH.
Organizada por ACT UP NY, Health GAP, Housing Works y Treatment Action Group, la manifestación reunió a unas 30 personas que irrumpieron en el vestíbulo del edificio. Portaban carteles con mensajes como “Salvar USAID, salvar vidas” y “El Congreso de EE.UU. mata a personas con SIDA en todo el mundo”, mientras coreaban consignas y hacían sonar silbatos. Algunos activistas se acostaron en el suelo y tomaron de las manos, formando un círculo en señal de protesta por las vidas que estarían en peligro debido a la falta de financiamiento.
Los recortes afectan directamente a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que ha sido prácticamente desmantelada por la administración Trump. Esta agencia, fundamental para la asistencia en salud, alimentación y desarrollo en el extranjero, ha perdido la mayor parte de sus recursos, dejando en el limbo a programas de prevención y tratamiento del VIH/SIDA.
Uno de los programas más golpeados es el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR), que proporciona medicación a 20 millones de personas a nivel global. Aunque los fondos inicialmente fueron congelados y luego liberados, el despido masivo de funcionarios de USAID ha interrumpido la comunicación con organizaciones socias, dificultando la continuidad de los tratamientos.
Ese mismo día, la Corte Suprema otorgó al gobierno de Trump una victoria temporal al determinar que no estaba obligado a pagar más de 1.500 millones de dólares en compromisos previos de USAID, al menos hasta que se resuelvan los desafíos legales. Además, la administración anunció la cancelación de más de 10.000 contratos y subvenciones de USAID y el Departamento de Estado, lo que, según un exfuncionario de la agencia, representa el fin del 90% de sus operaciones y afecta decenas de miles de millones de dólares en ayuda.
Van Credle, excontratista de USAID, criticó el desmantelamiento de la agencia y lo calificó como “fraude, despilfarro y abuso”. En particular, denunció el papel del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, que ha paralizado la asistencia humanitaria estadounidense. Legisladores demócratas han calificado estas acciones como inconstitucionales, argumentando que sobrepasan la autoridad ejecutiva y contradicen las leyes de financiamiento aprobadas por el Congreso.
Asia Russell, directora ejecutiva de Health GAP, advirtió sobre la magnitud del impacto de estos recortes: “Es difícil exagerar lo que está en juego cuando se trata de asistencia humanitaria. Exigimos que el Congreso deje de ser un espectador pasivo ante este ataque a la ayuda que salva vidas”.
Durante el fin de semana, los últimos funcionarios de USAID anunciaron que casi todo su personal en el mundo había sido suspendido. En Washington, los empleados restantes recibieron la orden de retirar sus pertenencias de la sede de la agencia, que será convertida en oficinas de la Patrulla Fronteriza, en línea con la política migratoria de Trump.
Como señal del desmantelamiento, la fachada del edificio donde operaba USAID ahora luce su nombre cubierto con cinta negra, marcando el final de una era en la cooperación internacional de Estados Unidos.
