Desde noviembre de 2023, tras la decisión del Tribunal Supremo de Rusia de declarar al inexistente «movimiento internacional LGBT» como una organización extremista, el país ha intensificado una campaña de represión contra la comunidad LGBTQ+. En consecuencia, se han llevado a cabo redadas en clubes, bares y reuniones privadas, donde las fuerzas de seguridad no solo detienen y agreden a las personas presentes, sino que además recopilan meticulosamente sus datos personales. Esta ofensiva ha derivado en la creación de un registro electrónico destinado a rastrear a quienes forman parte de la comunidad, una medida que despierta alarmantes preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos.
Por ejemplo, en un club de Tula, agentes armados irrumpieron durante una fiesta, obligando a los asistentes a tumbarse en el suelo mientras eran grabados. Las humillaciones incluyeron interrogatorios agresivos sobre su orientación sexual, comentarios transfóbicos y agresiones físicas. En otra redada, en una fiesta privada en la región de Leningrado, las autoridades forzaron a los presentes a mostrar sus documentos de identidad, desbloquear sus teléfonos y, en casos extremos, exponer partes de su cuerpo para «verificar» su identidad de género.
A la par, la policía recopila información digital. En un bar de Siberia, agentes copiaron bases de datos completas de clientes, incluyendo reservas y datos de contacto. En Cheliábinsk, se tomaron huellas dactilares y muestras de ADN, mientras que en Oremburgo, se obligó a los asistentes a declarar su dirección ante una cámara. Además, algunos organizadores de eventos colaboran con las autoridades, ya sea por coacción o para evitar represalias, entregando datos de los participantes o permitiendo la infiltración de agentes encubiertos en espacios privados.
El alcance de estas acciones no se limita a las redadas físicas. De hecho, existen informes sobre provocaciones planificadas, donde oficiales organizan citas falsas a través de aplicaciones de citas para atraer y detener a personas LGBTQ+. Activistas de extrema derecha y figuras políticas han admitido participar en estas operaciones, infiltrándose en comunidades y chats privados para identificar y delatar a individuos.
Mientras tanto, el desarrollo del registro electrónico avanza, aunque se ha visto parcialmente frenado por la guerra en Ucrania, que consume recursos y personal de seguridad. No obstante, cada redada, cada operativo y cada colaboración forzada alimentan una base de datos cuyo objetivo final parece ser el control total de la vida de las personas LGBTQ+ en Rusia.