El anuncio del presidente argentino Javier Milei sobre la eliminación de la figura del femicidio del Código Penal y la modificación de políticas de género ha generado una ola de repudio nacional e internacional. En primer lugar, Milei afirmó que el femicidio otorga un “valor diferencial” a las mujeres frente a los hombres, bajo el argumento de que estas medidas “distorsionan la igualdad ante la ley”. Sin embargo, colectivos feministas y organismos internacionales sostienen que estas acciones implican un retroceso significativo en la protección de los derechos humanos de mujeres y diversidades.
Por otro lado, el debate no se limita a lo simbólico. El femicidio en Argentina fue incluido en el Código Penal en 2012 como una respuesta al aumento de la violencia de género. Según ONU Mujeres, esta tipificación no es solo un agravante penal, sino una herramienta para visibilizar el carácter estructural de la violencia machista, que históricamente ha subordinado a las mujeres. De hecho, en América Latina, 16 países ya cuentan con legislaciones similares, lo que evidencia la necesidad de abordar esta problemática con enfoques integrales y no meramente punitivos.
En este contexto, las declaraciones de Milei en el Foro Económico Mundial no han hecho más que profundizar el descontento social. Organizaciones como “Ahora Que Sí Nos Ven” destacan que, durante 2024, ocurrieron 267 femicidios en Argentina, mientras que en lo que va de 2025, una mujer es asesinada cada 20 horas. Estas cifras alarmantes subrayan que eliminar el concepto de femicidio del Código Penal no solo invisibilizaría esta realidad, sino que también desprotegería a las víctimas al diluir el componente de género en los crímenes.
Además, el impacto de estas políticas se extiende a otras áreas. La eliminación de la Ley Micaela, que obliga a capacitar en género a quienes trabajan en la función pública, y la desaparición de organismos como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad o el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), consolidan un marco estatal que desatiende la violencia estructural y la desigualdad. A esto se suma la desfinanciación de programas clave como la línea 144, que brindaba asistencia a víctimas de violencia de género.
Por último, figuras como Néstor García, padre de Micaela, víctima de un femicidio en 2017, han cuestionado estas decisiones. García subrayó que discursos como los de Milei legitiman una “pedagogía de la crueldad”, habilitando a sectores que antes no se atrevían a expresar discursos abiertamente misóginos o LGBTIQ+fóbicos. En este marco, resalta la necesidad urgente de liderazgo político que canalice el descontento social hacia la construcción de políticas públicas inclusivas y de respeto por los derechos humanos.
