El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha traído consigo un cambio radical en las políticas sobre género y diversidad en Estados Unidos. Durante su toma de posesión el pasado 20 de enero, el presidente afirmó que su gobierno solo reconocerá dos géneros: masculino y femenino. En ese sentido, Trump anunció que firmará órdenes ejecutivas destinadas a revertir las iniciativas de igualdad de género implementadas por la administración de Joe Biden, consolidando una agenda que ha denominado como “restaurar la cordura”.
Entre las medidas más controvertidas, el mandatario planea eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) dentro de las agencias federales, argumentando que estas iniciativas son «radicales y derrochadoras». Además, Trump exigirá que documentos oficiales como pasaportes y visados reflejen únicamente el sexo biológico de las personas, eliminando opciones como el marcador “X” introducido por Biden en 2022. Asimismo, espacios como prisiones, refugios de migrantes y centros de acogida estarán obligados a garantizar áreas segregadas por sexo, dejando fuera a personas trans y no binarias.
Por otro lado, se prohíbe el uso de fondos federales para procedimientos médicos relacionados con la transición de género. Según funcionarios de su administración, estas medidas buscan «proteger a las mujeres del extremismo de la ideología de género» y devolver al gobierno lo que describen como «la verdad biológica». Sin embargo, grupos defensores de los derechos civiles, como Lambda Legal y la NAACP, ya han anunciado que desafiarán legalmente estas órdenes ejecutivas, argumentando que podrían fomentar discriminación.
Estas políticas llegan en un contexto donde Trump y sectores conservadores han criticado los programas de diversidad, calificándolos de discriminatorios. En paralelo, importantes empresas estadounidenses, como Meta y Walmart, han reducido o eliminado prácticas de DEI, lo que ha sido celebrado por algunos aliados del mandatario. No obstante, defensores de la justicia racial y de los derechos LGBTQ+ consideran que estas acciones representan un grave retroceso en materia de equidad.
Mientras tanto, expertos legales alertan sobre las implicaciones inmediatas de estas políticas. Por ejemplo, personas trans con un marcador “X” en sus documentos podrían enfrentar obstáculos al intentar regresar al país desde el extranjero. De igual manera, cambios relacionados con salud, vivienda y protecciones antidiscriminatorias tardarían meses o incluso años en ser implementados, debido a procesos legales complejos que incluyen consultas públicas y posibles litigios.
En última instancia, el futuro de estas órdenes ejecutivas dependerá de cómo evolucionen los desafíos legales, que podrían llegar hasta la Corte Suprema, con un tribunal potencialmente favorable a la administración Trump. Sin embargo, activistas y organizaciones de derechos civiles aseguran que continuarán luchando por la protección y el reconocimiento de todas las identidades.Ç
