Julia Chuñil Catricura, dirigente mapuche y defensora ambiental de 72 años, desapareció el pasado 8 de noviembre en la comuna de Máfil, región de Los Ríos. Su ausencia no solo ha movilizado a su comunidad y familiares, sino que ha puesto en evidencia años de amenazas contra una mujer comprometida con la protección del bosque nativo.
Como presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel desde 2014, Chuñil lideraba los esfuerzos de conservación de un predio de 900 hectáreas en el sector Los Ciruelos. Este terreno, destinado a la preservación de la biodiversidad, ha sido codiciado por empresarios locales interesados en talar el bosque para comercializar leña. Desde 2018, tras el fracaso de un acuerdo de compraventa entre la Conadi y el empresario Juan Carlos Morstadt, las intimidaciones comenzaron a intensificarse.
Los relatos de la familia son contundentes. Julia enfrentó cortes de puentes, persecuciones y ofertas monetarias para abandonar el predio. «Yapo Julia, ya los tengo a todos comprados. Faltai tú no más», habría dicho Morstadt según la querella presentada por sus hijos. Incluso se denunció un intento de atropello y planes de incendiar su casa. Estas amenazas, repetidas y crecientes, enmarcan su desaparición en un contexto de posible violencia asociada a su activismo.
El día de su desaparición, Julia salió con su perro Cholito en busca de animales extraviados en el predio conocido como «Reserva Cora Número Uno-A». Según testigos, llevaba un machete y expresó su determinación de regresar solo tras encontrarlos. Sin embargo, no volvió. Días después, su familia encontró huellas de un vehículo inusual en un área de difícil acceso, alimentando la sospecha de un secuestro.
El caso ha movilizado a diversas organizaciones, incluidas la Fiscalía de Los Ríos, Carabineros y la ONG Escazú Ahora, quienes trabajan en la búsqueda. Mientras tanto, el presidente Gabriel Boric aseguró que no cesarán los esfuerzos hasta encontrarla.
La desaparición de Chuñil no solo evoca tragedias similares en la defensa ambiental, como las de Nicolasa Quintremán y Macarena Valdés, sino que también pone en jaque la efectividad del Estado en la protección de líderes indígenas frente a intereses privados. El Acuerdo de Escazú, que busca resguardar a defensores medioambientales, aún carece de una implementación robusta, según denuncian organizaciones.
Finalmente, el presidente Boric expresó su compromiso, reflejando la urgencia y gravedad del caso de Julia Chuñil, especialmente en un contexto donde defensores medioambientales enfrentan crecientes amenazas en Chile y América Latina. Este tipo de desapariciones subraya la importancia de fortalecer las garantías estatales para proteger a quienes dedican su vida a la defensa de los territorios y recursos naturales. La determinación del Gobierno será clave no solo para esclarecer lo ocurrido con Julia, sino también para enviar un mensaje claro de respaldo a los derechos humanos y a la protección del medioambiente.
