En un avance histórico, Colombia ha prohibido el matrimonio infantil, marcando un antes y un después en la defensa de los derechos de la infancia. Tras nueve intentos fallidos, el Senado aprobó por unanimidad la ley “Son niñas, no esposas”, que eleva a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio. Con esta decisión, el país responde a una deuda histórica con miles de niñas y niños, quienes ahora estarán más protegidos frente a prácticas que perpetúan la desigualdad y la violencia.
Durante décadas, el matrimonio infantil fue una realidad legal y cultural en Colombia. Hasta este cambio, menores de tan solo 14 años podían casarse con autorización de sus padres, una práctica que exponía especialmente a las niñas a contextos de abuso, abandono escolar y embarazos tempranos. De acuerdo con cifras oficiales, entre 2020 y 2023 se registraron 1.403 casos de matrimonios con menores de edad en el país, una realidad que reflejaba la urgencia de una reforma.
La nueva ley no solo prohíbe estas uniones, sino que también permite anular matrimonios y uniones maritales de hecho entre menores de edad. Esto abre una puerta para que niñas, niños y adolescentes que fueron obligados a casarse puedan recuperar el control de sus vidas. Además, la iniciativa busca implementar un programa nacional enfocado en erradicar el matrimonio infantil, alineándose con los compromisos internacionales asumidos por Colombia en la protección de los derechos de la infancia.
Según datos de UNICEF, el matrimonio infantil sigue siendo una práctica extendida a nivel global, afectando a 12 millones de niñas cada año. Aunque en los últimos años se ha observado un descenso en estas cifras, América Latina enfrenta retos específicos, donde la pobreza y las desigualdades de género son factores determinantes en la perpetuación de esta problemática.
Los riesgos asociados al matrimonio infantil son múltiples y devastadores. Desde el aumento en la deserción escolar hasta la exposición a embarazos precoces y relaciones de poder desiguales, esta práctica condena a miles de niñas a ciclos de pobreza y violencia. La Fundación Juanfe, que trabaja con madres adolescentes en Colombia, ha evidenciado que una proporción significativa de las jóvenes atendidas tiene parejas que les doblan la edad, lo que refuerza dinámicas de subordinación y vulnerabilidad.
La aprobación de esta ley no debe verse como un fin, sino como un punto de partida. Si bien el marco legal es esencial, su impacto dependerá de la implementación efectiva de políticas públicas que acompañen esta reforma. La educación sexual integral, el acceso a servicios de salud y la promoción de la igualdad de género son fundamentales para garantizar que las niñas puedan crecer en entornos seguros y con oportunidades.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, celebró la aprobación de esta medida como un motivo de alegría nacional. Sin embargo, las palabras de la diputada Clara López Obregón resonaron aún más profundamente al recordar que las niñas no son objetos sexuales ni esposas; son menores de edad cuya infancia y derechos deben ser protegidos sin excepción.
Este avance legislativo también es una llamada a la acción para toda la sociedad colombiana. La lucha contra las desigualdades estructurales que permiten estas prácticas no se limita al ámbito legislativo. Requiere un cambio cultural profundo que cuestione y desmantele las normas y tradiciones que colocan a las niñas en situaciones de vulnerabilidad.
Colombia se suma ahora a la lista de países que han decidido dar prioridad a la protección de las niñas frente a cualquier forma de explotación. Es un paso adelante, pero no es el final del camino. La erradicación del matrimonio infantil es solo una pieza del rompecabezas para construir un futuro donde todas las niñas tengan la oportunidad de soñar, decidir y desarrollarse plenamente.
