El reciente rechazo al financiamiento del programa Chile Crece Contigo (ChCC), adoptado por la Cámara de Diputadas y Diputados durante la discusión del Presupuesto 2025, ha encendido el debate público. La decisión, impulsada por sectores conservadores, se centra en críticas al Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), un componente que acompaña a niños, niñas y adolescentes en procesos relacionados con su identidad de género. Ahora algunos legisladores conservadores encabezados por Carmen Gloria Aravena, buscan separar los componentes del programa para rechazar las glosas sobre acompañamiento de infancias trans.
Chile Crece Contigo, desde su creación en 2009, ha sido una política pública emblemática que garantiza el acompañamiento integral a niños y niñas desde la gestación. Con un enfoque intersectorial que integra salud, educación y protección social, el programa ha logrado avances significativos en la reducción de desigualdades y en la promoción del desarrollo integral de la infancia. Así, la inclusión del PAIG dentro de esta estructura busca proteger a una población altamente vulnerable, ofreciendo orientación y apoyo psicosocial tanto a los menores como a sus familias.
Y es que, a pesar de que el PAIG no contempla terapias hormonales ni cirugías, las críticas de sectores conservadores calificaron el programa como innecesario, argumentando que vulnera los derechos de la niñez. Estas opiniones, respaldadas por partidos como Republicanos y sectores de derecha, llevaron a la exclusión del financiamiento para todo el ChCC. Parlamentarios oficialistas, como la diputada Emilia Schneider, han enfatizado que este componente representa apenas una fracción de la inversión del programa, pero tiene un impacto crucial en la vida de quienes lo necesitan.
Ahora, la discusión pasa al Senado, donde se espera que el Ejecutivo busque restablecer los recursos. En tanto, diversas organizaciones sociales, feministas y de derechos de la infancia han pedido revertir esta decisión, subrayando que la protección de niñas, niños y adolescentes debe estar por encima de disputas ideológicas. Negar este financiamiento no solo contradice la evidencia sobre los beneficios de invertir en la primera infancia, sino que plantea una inquietante pregunta sobre las prioridades del país y el futuro que estamos dispuestos a construir.
