Odessa, una ciudad de Texas conocida por implementar una controvertida recompensa de $10,000 para quienes denuncien a personas trans que utilicen baños públicos según su identidad de género, ha endurecido aún más esta política. Con un voto mayoritario de 5-1, el Concejo Municipal aprobó una expansión de la ordenanza que ahora incluye instalaciones privadas. Esto significa que cualquier persona que utilice un baño que no coincida con el género asignado al nacer podría enfrentar sanciones civiles y cargos por invasión de propiedad privada.
La ordenanza, que data de 1989, se ha convertido en un arma contra la comunidad trans. Grupos como la ACLU de Texas han señalado que estas medidas no solo son discriminatorias, sino que también violan derechos fundamentales y leyes estatales. En una carta dirigida al Concejo Municipal, la organización subrayó que no se dio un aviso adecuado a residentes y propietarios sobre las implicaciones legales de esta política. Además, alertaron sobre el riesgo de colapsar los tribunales locales con demandas frívolas.
Las repercusiones de esta legislación van más allá de las sanciones monetarias. Quienes incumplan podrían enfrentarse a un delito menor Clase C, con multas de hasta $500, o a cargos de invasión de propiedad si no abandonan el lugar cuando se les solicita. La definición de “sexo biológico” utilizada en la ordenanza se basa exclusivamente en el certificado de nacimiento, incluso si este ha sido actualizado para reflejar la identidad de género de una persona. Esto deja sin protección legal a las personas trans, independientemente de sus documentos oficiales.
Defensores de los derechos LGBTQ+ han alzado la voz contra esta política. Durante una sesión pública, Alexander Ermels, presidente de PFLAG en Odessa, calificó la ordenanza como “una pérdida de tiempo, dinero y recursos públicos”. Otros participantes, como Matilda Mann-Morales, destacaron que las personas trans son quienes enfrentan mayores riesgos de acoso en baños públicos, no quienes los generan. De hecho, no se ha registrado ni un solo caso en la ciudad de personas trans acosando a alguien en baños públicos.
La política también ignora situaciones como la de personas con discapacidades que requieren asistencia de alguien de un género diferente, creando un ambiente de persecución que, según la ACLU, fomenta una peligrosa “caza de brujas”. Bradley Burke, un empresario local, expresó: “Al ofrecer recompensas, están convirtiendo a la comunidad queer en un blanco y alimentando prejuicios que no tienen base en la realidad”.
Esta legislación no aborda ningún problema real, sino que perpetúa la discriminación contra un sector vulnerable de la población. Odessa, como otras localidades que han implementado medidas similares, no tiene antecedentes de problemas con personas trans en baños públicos. Sin embargo, las nuevas restricciones amplifican la marginación y el estigma, dejando a la ciudad en el centro de una creciente controversia sobre derechos humanos en Texas.
