El gobierno de Irak está impulsando un polémico proyecto de ley que busca reducir la edad mínima para contraer matrimonio de los 18 a los 9 años, generando una ola de indignación tanto dentro como fuera del país. Esta medida, que ya ha avanzado en las instancias legislativas, ha sido catalogada por organizaciones internacionales y activistas como una amenaza directa a los derechos de las mujeres y niñas, además de «legalizar la violación infantil», según denuncian.
En este contexto, los partidos chiitas conservadores, que dominan el parlamento iraquí, argumentan que la propuesta está fundamentada en una interpretación estricta de la ley islámica. Sin embargo, estas enmiendas no solo permitirían matrimonios con menores de edad, sino que también eliminarían derechos fundamentales como el divorcio, la custodia de hijos y la herencia para las mujeres. Esta modificación, que alteraría la Ley de Estatuto Personal de 1959, representa un retroceso monumental en una legislación que en su momento fue pionera en el Medio Oriente en términos de igualdad y derechos de género.
Hoy en día, el 28% de las mujeres en Irak se casan antes de los 18 años, según datos de UNICEF. Esta situación se debe en parte a una laguna legal que permite a líderes religiosos oficiar matrimonios, incluso cuando las niñas tienen tan solo 15 años, siempre que cuenten con el permiso de sus padres. De aprobarse la nueva ley, este tipo de uniones no solo se expandirían, sino que serían legitimadas, lo que podría aumentar los casos de violencia sexual y física, así como dificultar el acceso de las niñas a la educación y al empleo.
Las voces en contra no se han hecho esperar. Raya Faiq, coordinadora de una coalición de organizaciones opositoras al cambio legislativo, alerta sobre las consecuencias devastadoras que esta ley tendría para generaciones futuras. «Esto es una catástrofe para las mujeres. Legaliza la violación infantil y perpetúa un ciclo de opresión», afirmó. Por su parte, Athraa Al-Hassan, abogada de derechos humanos, teme que el sistema de gobierno de Irak sea reemplazado por un modelo religioso que subordine el estado al poder clerical, como sucede en Irán o Afganistán.
A medida que crecen las tensiones, tanto en las calles de Irak como en las redes sociales, activistas y parlamentarios progresistas advierten que la enmienda podría fracturar aún más el tejido social del país. La medida no solo amenaza con profundizar las desigualdades de género, sino también con reforzar divisiones sectarias, ya que permite que las leyes personales sean determinadas por la afiliación religiosa del esposo en caso de disputas.
Finalmente, esta propuesta se enmarca en un contexto más amplio de retrocesos en derechos humanos en Irak. Recientemente, el gobierno penalizó las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta 15 años de prisión y ordenó que los medios de comunicación reemplazaran el término «homosexualidad» por «desviación sexual». Estas políticas reflejan una agenda conservadora que prioriza el control social por encima de los derechos individuales, dejando en una posición vulnerable a mujeres, niñas y minorías.
El destino de esta ley aún no está sellado, pero su posible aprobación podría marcar un punto de inflexión en los derechos de las mujeres en Irak y en la lucha global por la igualdad de género. Queda por ver si la resistencia social y política logrará detener este retroceso histórico.
