La reciente negativa del tribunal de Santiago a conceder la libertad condicional a Alejandro Angulo, uno de los autores del asesinato de Daniel Zamudio en 2012, ha reavivado el dolor y la indignación en Chile. Esta solicitud fue rechazada tras evaluar el alto riesgo de reincidencia que Angulo representa para la sociedad. En ese sentido, tanto la familia de Zamudio como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) celebraron la decisión, considerando que su posible liberación sería un riesgo para la seguridad pública y un retroceso en la lucha contra los crímenes de odio.
Desde una perspectiva judicial, el tribunal destacó que Angulo carece de arrepentimiento y autocrítica genuina, demostrando incluso una disposición ambivalente hacia su propia rehabilitación. Los jueces argumentaron que Angulo sigue en una etapa de «pre-contemplación», es decir, aún no parece asumir la gravedad de sus acciones ni el daño emocional causado a las víctimas. Esta falta de conciencia y empatía es un factor determinante que desaconseja su liberación anticipada, pues refuerza el temor de que reincida en delitos violentos.
Para la familia Zamudio, la posibilidad de la libertad condicional de Angulo representa una herida abierta. A través de su abogado, Jaime Silva, los padres de Daniel manifestaron su rechazo categórico a esta solicitud, recordando la brutalidad del ataque que sufrió su hijo, el cual marcó un antes y un después en la visibilización de los crímenes de odio en Chile. A raíz de este doloroso caso, se promulgó la «Ley Zamudio», una legislación emblemática contra la discriminación que persiste como símbolo de justicia y protección para la comunidad LGBTQ+.
En opinión del Movilh, el fallo del tribunal no solo resguarda la seguridad ciudadana, sino que reconoce el impacto emocional que este caso sigue generando en la familia de Zamudio y en la sociedad chilena. El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, resaltó que esta decisión representa un avance en la garantía de justicia para las víctimas de crímenes de odio, especialmente considerando que es la segunda vez en el año que se rechaza una solicitud de libertad condicional para uno de los implicados en el crimen de Zamudio.
Finalmente, las penas impuestas en su momento a Angulo y a los otros responsables fueron las más severas permitidas por la ley, con inhabilitaciones permanentes para cargos públicos y suspensión de derechos políticos, en un esfuerzo por responder a la atrocidad de los hechos. La negativa del tribunal de Santiago reafirma el compromiso de las instituciones chilenas en no ceder ante la violencia y proteger los derechos de las minorías y de las familias afectadas por actos de odio.
