El gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, ha intensificado su lucha contra la gestación subrogada con la aprobación de una ley que penaliza esta práctica a nivel mundial. Este hecho refuerza su postura prohibitiva, vigente desde 2004, y convierte la maternidad subrogada en un «delito universal», sancionando a los italianos que recurran a vientres de alquiler, incluso en países donde esta práctica es legal, como Estados Unidos. La ley fue promovida por el partido Hermanos de Italia y cuenta con el respaldo de sectores conservadores y algunos grupos feministas que ven en la subrogación una forma de explotación hacia las mujeres.
Sin embargo, esta normativa ha generado polémica. Por un lado, algunas feministas coinciden con el gobierno en que la gestación subrogada puede ser una forma de explotación que afecta principalmente a mujeres de bajos recursos, quienes estarían más propensas a «alquilar» su cuerpo debido a la necesidad económica. En contraste, el feminismo liberal sostiene que prohibir esta práctica es coartar la libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos. Desde esta perspectiva, la subrogación debe ser regulada para evitar abusos, pero no prohibida, permitiendo así que las mujeres puedan ejercer su derecho a la autodeterminación.
Y es que el avance de la tecnología reproductiva ha abierto nuevas posibilidades para quienes desean ser padres y madres, especialmente para aquellas personas que, por razones biológicas, no pueden serlo. Así, la gestación subrogada ha surgido como una alternativa en muchos países. No obstante, esta práctica no está exenta de controversia, ya que ha generado divisiones.
La nueva legislación italiana no sólo impacta a las mujeres que deciden ser gestantes, sino que también afecta directamente a las familias LGTBIQ+, quienes ven en esta medida una barrera más para poder formar familias en un país que no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo ni facilita el acceso a la adopción para parejas homosexuales. Activistas como Franco Grillini, de Arci Gay, han criticado duramente la ley, calificándola de discriminatoria y señalando que se les criminaliza por querer ser padres.
En este contexto, la ley se enfrenta también a la resistencia de ayuntamientos progresistas como el de Milán, cuyo alcalde, Beppe Sala, ha registrado a hijos de parejas homosexuales a pesar de la falta de reconocimiento legal. El Tribunal Supremo italiano dictaminó en 2022 que los hijos nacidos a través de la gestación subrogada solo pueden ser reconocidos mediante un proceso de adopción que requiere la aprobación de un juez, lo que complica las cosas para las partes involucradas en un proceso de gestación subrogada en el país europeo.
