Cada 20 de noviembre, Chile se suma a una jornada mundial de memoria que no es solo conmemorativa, sino profundamente política: el Día de la Memoria Trans. Esta fecha nace en respuesta al asesinato de Rita Hester en 1998, una mujer trans afroamericana cuya muerte fue tratada con negligencia por las autoridades y deshumanización por los medios. Desde entonces, el gesto de recordar se transformó en una forma de resistencia contra el olvido sistemático de las vidas trans y no conformes al género.
En el contexto chileno, esta conmemoración cobra un sentido particular. Durante años, el aparato estatal ha ejercido violencia institucional contra las identidades trans, valiéndose de normativas como el artículo 373 del Código Penal, que criminalizaba “las ofensas al pudor”. Esa figura legal fue utilizada para perseguir, detener y humillar a travestis y mujeres trans, cuyos nombres eran anotados en registros policiales y cuyas pertenencias eran confiscadas. Aún hoy, la mayoría de estos abusos no cuenta con reconocimiento ni reparación.
Además, esta fecha permite visibilizar los crímenes de odio que han ocurrido tanto en dictadura como en democracia. Casos como el de Mónica Briones en 1984 —considerada la primera víctima lesbofóbica reconocida durante la dictadura— evidencian una larga historia de impunidad. A esto se suman transfemicidios sin justicia y un patrón institucional de indiferencia frente a la violencia letal hacia personas trans y travestis. Frente a esto, la memoria se convierte en una denuncia activa.
Colectivas y organizaciones como OTD Chile, Amanda Jofré, Aquelarre Trans y otras, han mantenido viva esta fecha con acciones públicas: velatones, intervenciones callejeras y lectura de nombres que la estadística estatal no contempla. En consecuencia, el Día de la Memoria Trans en Chile no es un rito vacío, sino una declaración colectiva: las vidas trans existen, tienen historia, y merecen justicia y dignidad sin condiciones.
